El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se promulgó con el objetivo de contribuir a paliar el impacto económico provocado por dicha pandemia, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más afectadas.

Sin embargo, en esta norma no se contempla ninguna medida aplicable a las clínicas dentales. Por este motivo, Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha enviado una carta a Verónica Martínez Barbero, directora general de Trabajo, y Andrés Harto Martínez, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En la misiva, Castro Reino traslada “la situación de indefensión y desasosiego” que están sufriendo los dentistas de nuestro país al no haberse decretado el cierre temporal de clínicas dentales, ya que esto les impide acogerse a los ERTE y exenciones fiscales para autónomos, con el consiguiente grave perjuicio económico que ello les puede suponer.

Pero, recientemente, el Consejo General de Dentistas ha tenido conocimiento de que la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León está resolviendo favorablemente los expedientes de ERTE presentados por los dentistas, basándose en el cese de actividad por causa mayor al no disponer del material y equipos de protección individual precisos para la seguridad que requiere su actividad clínica.

En este sentido y conforme a la situación tan vulnerable en la que se encuentra el colectivo de dentistas, “desde la Organización Colegial le solicitamos que este criterio se aplique de forma generalizada en todas las delegaciones territoriales del Estado” ha informado Castro Reino.

Información del Consejodentistas.es